Domingo 23 de Agosto de 2009

ROCÍO MONTES, desde Isla de Pascua 


En el salón de actos del Liceo Lorenzo Baeza Vega de Hanga Roa hay unas 200 personas. Es martes 18 de agosto, 19 horas, y se escucha música pascuense de fondo. Los sonidos armoniosos se contraponen al ambiente tenso que se respira en la sala. Hay quienes pronuncian discursos encendidos, otros que hablan de la independencia de Rapa Nui y una mujer interpela con un tono duro de voz a la gobernadora regional, Carolina Hotu Hey (DC).

gobernadora Carolina Hotu en su oficina a. (NOTA. del editor: periodista Rocío Montes de El Mercurio no dijo en su crónicaque reuniones con la comunidad eran lengua rapanui)

Todos los pobladores presentes quieren lo mismo: limitar el turismo masivo y, sobre todo, impedir que personas ajenas a Rapa Nui se instalen a vivir en el territorio.

El día anterior gran parte de los asistentes se encontraba en la losa del aeropuerto Mataveri, impidiendo la salida de aviones y el aterrizaje de vuelos del continente. Esta noche, sin embargo, los pascuenses están enfrascados en discutir un documento que levantará severas barreras de ingreso a todas las personas que lleguen a la isla, extranjeros y chilenos continentales. La propuesta completa se la darán a conocer el martes 25 al emisario del Gobierno, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, que negociará durante tres días con los habitantes. Fue lo que exigieron los pobladores para abandonar el aeropuerto.

Durante la semana, el equipo ministerial se ha comunicado con la gobernadora Hotu para preparar cada detalle de la gira. Le han preguntado el perfil de los líderes a los que Rosende deberá escuchar y con los que tendrá que sentarse a pactar. Los hombres que se reunirán con el subsecretario son los mismos que comandan la reunión en el liceo, los dirigentes del movimiento Parlamento Rapa Nui: el presidente Leviante Araki Tepano, Mario Tuki (tal vez el más firme de todos), Raúl Teao y, entre otros, el consejero de la Conadi Rafael Tuki Tepano.

En la sala también está la alcaldesa, Luz Zasso Paoa (DC). Ni ella ni la gobernadora han participado en la redacción del documento pero han estado toda la semana monitoreando las discusiones. "Hay un segmento de la comunidad que necesita que le respondan sobre el problema de la inmigración en la isla. Queremos personas que respeten los códigos, que respeten lo que significa un patrimonio, y no gente que crea que por ser territorio chileno se sientan en el derecho de destruir un moái", explica la jefa municipal después de la reunión.

Alberto Hotus, presidente del Consejo de Ancianos, no apoyó ocupacion del aeropuerto (Nota editor Te Rapa Nui: el anciano Hotus dijo a la prensa que dirigentes del Parlamento Rapa Nui son independentistas)

Los encuentros se repetirán cada noche de la semana: pobladores escuchan a los líderes de la comunidad, discuten apasionadamente y afinan la propuesta titulada "Control de ingreso de continentales y extranjeros al territorio de Rapa Nui".

Tres tipos de ciudadanos

El documento que preparan los líderes comunitarios está basado casi íntegramente en la Ley Especial para la Provincia de Galápagos dictada por el gobierno de Ecuador en 1998. Los jerarcas del Parlamento Rapa Nui se pasearon toda la semana con una copia del segundo capítulo bajo el brazo: el que regula el régimen de residencia de la isla ecuatoriana.

El organismo que tiene en sus manos decidir quién puede ingresar a Galápagos se denomina INGALA. Los líderes comunitarios de Isla de Pascua proponen una institución similar que funcione bajo el nombre de Consejo de Calificación de Inmigración y que esté comandada por tres personeros del Parlamento. La propuesta indica además que se clasificará a los ciudadanos en tres categorías: los residentes Rapa Nui, los temporales y los turistas y transeúntes.

En el primer grupo están contempladas todas las personas que tienen relación con la etnia: los hijos de padre y madre rapanuí, chilenos continentales y extranjeros que tengan una relación sentimental con algún isleño y los padres que tengan a su cargo a niños mestizos y los mantengan económicamente. Además, incluye a "todos los chilenos continentales y extranjeros que tengan su situación legalizada, que hayan mantenido una actitud intachable durante su permanencia en Rapa Nui". El miembro del Parlamento Jorge Pont lo explica: "La idea es regular el ingreso y permanencia de las personas que no tengan nada que ver con la isla. La queja es contra la gente, chilena y extranjera que llega y permanece sin razón alguna".

El segundo grupo, el de los residentes temporales, incluye a los chilenos continentales y extranjeros que cumplan actividades castrenses, públicas, académicas, técnicas, profesionales, culturales y religiosas "establecidas en el contrato de trabajo que motivó su ingreso a Rapa Nui". El martes, cuando Mario Tuki leyó ante la asamblea el documento, el siguiente punto sacó aplausos: "Solamente podrán ingresar a Rapa Nui acompañados de su grupo familiar directo, cónyuge e hijos" y "no podrán realizar ninguna actividad lucrativa y laboral". Otra propuesta también fue recibida con algarabía: "Los contratos de trabajo serán por un período máximo de un año".

"La gente no está diciendo que los chilenos continentales no puedan venir a trabajar. Lo que están diciendo es que si viniste a trabajar: trabajas y te vas. Porque la sustentabilidad de la isla es frágil", explica la alcaldesa Zasso.

Pero las reglas no sólo pretenden imponerse a los que quieren residir en Rapa Nui, sino también a las más de 60.000 personas que anualmente llegan a la isla. El informe del Parlamento establece que los turistas y transeúntes de Isla de Pascua, al momento de entrar, deberán entregar diversos antecedentes al Consejo de Calificación de Inmigración: nombre completo, RUT, pasaporte, lugar y tiempo de permanencia, motivo de la visita y el capital necesario para la mantención. "Podrán permanecer un máximo de 90 días", señala el documento. Establece además que el pasaje aéreo deberá ser de ida y regreso y que "no podrán ejercer ninguna actividad lucrativa durante su permanencia en Rapa Nui".

No es todo: la idea del Parlamento es que todas las personas que lleguen a Rapa Nui deberán presentar un certificado de salud y antecedentes antes de comprar un pasaje y al aterrizar en el aeropuerto Mataveri. La idea además es que todos, salvo los residentes de la isla, deban pagar para entrar: 100 dólares los mayores de edad, 50 los niños y jóvenes hasta de 17 años, y 10 dólares los menores de 2. "El turista internacional sabe las reglas del juego, pero eso no sucede con los turistas de Chile continental", dice Raúl Teao, dirigente del Parlamento.

Tres de seis representantes étnicos de la Comisión de Desarrollo de isla de Pascua que existe por Ley de la repúbnlica, quienes asdemas integran otras organizaciones: Marcelo Ika (Consejo de Ancianos), Mario Tuki y Raul Teao (Parlamento Rapa Nui)

"Los siguientes pasos serán más fuertes"

El Parlamento Rapa Nui es un movimiento que no tiene estatus jurídico. Sus dirigentes, sin embargo, son respetados por la comunidad y por las autoridades: tienen el apoyo de figuras importantes de la isla, de parte importante de los originarios, que alcanzan al 40% y el domingo pasado fueron ellos los que negociaron la retirada del aeropuerto con el subsecretario Rosende vía videoconferencia. Algunos, además, fueron elegidos por la etnia para representarlos en la Comisión de Desarrollo Regional, el equipo contemplado en la Ley Indígena de 1993 que toma decisiones políticas de asuntos relativos al pueblo Rapa Nui: Mario Tuki, Raúl Teao, Marcelo Icka y Jorge Pont.

"Lo que están proponiendo es exactamente lo mismo que a uno le piden como chileno cuando viaja al extranjero", reflexiona Carolina Hotu al revisar el petitorio. La gobernadora coincide con la necesidad de regular el ingreso a la isla, como casi todos en Rapa Nui, pero duda que las fórmulas planteadas por el Parlamento sean legales. El empresario turístico Petero Riroroco también tiene aprensiones: "La gente poco menos está exigiendo más que Estados Unidos para entrar a la isla. Y según la Constitución chilena somos todos iguales y tenemos libertad de desplazarnos. Lo que proponen es un tema problemático que hay que ponderar porque puede coartar la posibilidad de que los turistas vengan y es complicado porque la isla vive del turismo".

En el Gobierno se señala que el problema generado por los rapanui, justamente en un momento crítico del conflicto mapuche, es un tema delicado. "Deja a La Moneda entre la espada y la pared porque, si bien la isla es un territorio especial, según reconoce el artículo 126 bis de la Constitución, y es un lugar que es necesario proteger, por otra parte impedir el libre tránsito es una medida muy poco popular para el resto de Chile. Y lo más importante: sentaría un precedente para el pueblo mapuche que podría exigir que también se limite el acceso a sus tierras", señala una fuente gubernamental que ha seguido de cerca los acontecimientos en Isla de Pascua.

Los dirigentes del Parlamento Rapa Nui tienen conciencia de que se trata de un momento político peculiar y hace tres semanas comenzaron con las acciones. El grupo le escribió una carta a la Presidenta Michelle Bachelet fechada el 30 de julio para "informarle que ha decidido controlar el ingreso de todas las personas que lleguen a la isla". Al no recibir respuesta los líderes del movimiento comenzaron a idear la toma del aeropuerto. La amenaza se les comunicó a la gobernadora y a la alcaldesa, pero toda la Isla de Pascua estaba enterada del rumor. Las autoridades pensaron que aprovecharían la visita de Colo-Colo a la isla y, posteriormente, la llegada del ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar. Pero finalmente la toma se produjo el sábado 15 y no hubo nada que hacer: imposible acordonar los seis kilómetros a la redonda del aeropuerto.

Los dirigentes aseguran que esta semana, tras el boicot de Mataveri, se hallan solamente en una tregua y amenazan con acciones más contundentes de no prosperar las iniciativas que proponen: "La postura del pueblo rapanui es pelear cada día más fuerte y no aceptar una postura del Gobierno que no satisfaga nuestra demanda. Si no se logra un acuerdo, los pasos siguientes serán mucho más fuertes", indica Jorge Pont. Otro de los dirigentes del Parlamento, Mario Tuki, va todavía más lejos: "He tenido muchas reuniones en el Pacífico, en la Polinesia, y nos hemos dado cuenta de que nosotros estamos perdiendo mucho por Chile. Si no llegamos a acuerdo, simplemente nos vamos a independizar".

El abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica y autor de varios libros sobre Derecho Constitucional Arturo Fermandois advierte que la propuesta rapanuí es "constitucionalmente gravísima".

"La reforma constitucional de 2007 que creó este territorio especial (Art. 126 bis) faculta a la ley para crear normas especiales en materia de gobierno y administración, pero no para un estatuto de derechos distinto o discriminatorio entre isleños y continentales. Además, esa ley no se ha dictado.

"La zona tiene sus características propias, y es deber de las autoridades protegerlas. Pero la Constitución no contempla territorios de primera o segunda clase en Chile; en todos rigen iguales derechos para las personas.

"La propuesta de Rapa Nui aparentemente se aprobaría a nivel administrativo, gobernación o alcaldía; es decir, sin el debate pluralista, informado y abierto que supone una ley en el Congreso. Aquí hay un primer vicio.

"Aún con ley, hay garantías constitucionales intransables. La propuesta de un Consejo de Calificación de Inmigración:

"Infringe la libertad de trabajo: La Constitución garantiza que las personas son libres para escoger el tipo de trabajo que desean, el lugar y el tiempo en el que trabajen. Esto es la esencia de la libertad de contratación (Art. 19 Nº 16, inciso segundo), y no permite ni siquiera que la ley restrinja los plazos de los contratos.

"Constitucionalmente, la ley sólo puede exigir la nacionalidad chilena o el título profesional. La propuesta Rapa Nui exige condiciones no permitidas en la Constitución, e incluso prohíbe a ciertas personas trabajar en la isla. Desde el momento en que unos y otros son todos chilenos, se vulnera la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar una actividad económica. Además, limita los plazos de los contratos de trabajo, a uno y tres años, con prórroga. Esto es constitucionalmente gravísimo, inaceptable, porque se está entrando en la zona que pertenece exclusivamente al acuerdo de trabajador y empleador.

"Infringe la libertad ambulatoria: La sola idea de un Consejo de Calificación de Inmigración, que restrinja o impida a chilenos trasladarse de un lugar a otro dentro de Chile es inconstitucional. Cosa distinta es que las autoridades locales exijan estrictamente a los continentales el cumplimiento de las leyes sanitarias, medioambientales y laborales generales. Esto pueden y deben hacerlo".